Los 17 profesores de la Escuela de Música Mariano de las Heras del Ayuntamiento de Valladolid, de gestión privada, ya habían recibido la carta de despido cuando el pasado viernes la concejal de participación ciudadana, Domi Fernández, hablaba a EL PAÍS de sus planes para el curso que viene. Pretende recortar el presupuesto de 500.000 euros rebajando lo que se paga a las contratas y cubriendo los gastos con lo que abonan los 600 alumnos sin subir un euro. “Es viable. Lo que no tiene sentido es que en una academia privada —que tiene que pagar también el local— cueste menos la enseñanza que lo que le cuesta al Ayuntamiento”.

El caso es que el lunes no hubo clase. El Ayuntamiento convirtió este curso de la escuela en una actividad sociocultural sin ciclos formativos y los 600 alumnos con 300 en lista de espera se convirtieron en 225. Con estos números, la empresa no ha podido impartir las horas acordadas, el Consistorio no ha pagado en todo el curso y se ha presentado un ERE.

Se busca ahora la forma de devolver a los alumnos las cuotas de lo que resta de curso con la fianza. Valladolid no es un caso aislado. Se asiste a un dramático desangrado en muchas escuelas musicales gestionadas por unos Ayuntamientos arruinados. Estos recuerdan que no es un gasto “básico” ni “obligatorio”, porque no son enseñanzas curriculares y que, además, con los impuestos de todos no debe pagarse algo que disfrutan unos pocos cuando hay vacas flacas.

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