SGAE

La SGAE y las entidades defensoras de los derechos de autor también se han posicionado en contra de la polémica Ley Lassalle que quiere aprobar el Gobierno del Partido Popular y que perjudica gravemente a los ciudadanos al convertir en ilícitos, prácticamente, todos los actos de copia privada.

Uno de los puntos más polémicos de esta nueva ley contempla la eliminación del canon por copia privada con el que hasta ahora se venían tasando los diferentes soportes tecnológicos susceptibles de almacenar audio o video en detrimento de un cargo fijo en los Presupuestos Generales del Estado que por lo tanto pagarían todos los ciudadanos españoles de su bolsillo.

Este polémico punto ha sido el que ha provocado que la SGAE publicada en su página web este duro comunicado posicionándose totalmente en contra de esta nueva aberración creada por el Partido Popular y que supone la criminalización total de internet y la práctica totalidad de los ciudadanos.

El gobierno convertirá en ilegales las copias privadas

El proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros perjudicará gravemente a los ciudadanos y beneficiará considerablemente a las multinacionales tecnológicas.

En efecto, de un lado perjudica a los ciudadanos al convertir en ilícitos, prácticamente, todos los actos de copia privada. Solo será legal si la copia se hace de un soporte original o de una señal de televisión pero siempre que dicha copia sea borrada a los pocos días. Las copias que sean realizadas a través de internet serán consideradas actos ilícitos a perseguir.

Y de otro lado, beneficia a las multinacionales del sector tecnológico al consolidar un modelo de copia privada que carga a los Presupuestos Generales del Estado un precio simbólico y exonera del pago, en contra de todos los criterios sentados en la UE, a los verdaderos causantes del daño objeto de indemnización: las empresas multinacionales que fabrican o importan aparatos y soportes con capacidad de copia o almacenamiento de contenidos protegidos por la propiedad Intelectual.

De nuevo, las entidades de gestión denuncian que la Secretaría de Estado de Cultura propone una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual sin contar con los titulares de los derechos ni con los ciudadanos, de manera que ahora el sector tecnológico va a dictar las reglas del juego del sector cultural. Las entidades de gestión consideran que esta no es la mejor manera de afrontar la reconstrucción de una industria cultural más robusta, generadora de riqueza y empleo.

El nuevo modelo de copia privada que pretende consolidar el Gobierno, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, supone que todos los ciudadanos se ven injustamente e indirectamente obligados a indemnizar un daño que ellos no causan, incluso hayan hecho o no copias privadas. Este sistema se convierte en el más restrictivo y contrario a los intereses de los ciudadanos que existe en cualquier estado miembro de la Unión Europea.

Esta improvisación, que ha sido objeto de una denuncia ante Bruselas por las entidades de gestión, genera una desigualdad de trato manifiesta con los ciudadanos de los otros países miembros. En este mismo Proyecto de Ley se establecen unas medidas respecto de las entidades de gestión que ni responden a la realidad ni son conformes a Derecho.

Las entidades de gestión manifestamos nuestro interés en que se garantice la transparencia de nuestra gestión en beneficio tanto de los titulares como de la sociedad en general. No obstante, muchas de las medidas que se incorporan en este Proyecto de Ley no sólo no garantizan esta transparencia sino que están claramente dirigidas a perturbar la gestión que hemos de realizar en defensa del interés general.

Tampoco se han tenido en cuenta las Directivas Comunitarias que está preparando la Comisión Europea, tanto en materia de copia privada como en materia de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual.

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