Gran Via de Madrid

Apenas unos días después de los lamentables acontecimientos producidos en el Madrid Arena, donde fallecieron cuatro jóvenes, una de ellas menor de edad, y del ridículo espantoso del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid debido a una gestión nefasta que raya lo ridículo, nos enteramos a través de esta web de que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el texto definitivo de una normativa que prohíbe la nueva implantación, ampliación o modificación de salas de fiestas, discotecas y bares de copas, con o sin música en directo, en toda la zona centro, poniendo además fecha de caducidad y condenando los ya existentes.

La Normativa de Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro, que puede consultarse aquí en formato PDF, es la única solución que se la ha ocurrido Ana Botella (alcaldesa de Madrid) e Ignacio Gonzalez (presidente de la Comunidad de Madrid), dos políticos puestos a dedo por el Gobierno del Partido Popular, que no han sido elegido en las urnas por los madrileños, y cuyos méritos consisten en ser la mujer del ex-presidente del Gobierno la primera y la manita derecha de la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid el segundo.

Dicha normativa, anterior a la tragedia, surge también como consecuencia del análisis exhaustivo del ruido generado en todo el término municipal de Madrid mediante el Mapa Estratégico del Ruido de 2009, que clasificó las calles del centro de Madrid según su contaminación acústica. Existen zonas de contaminación alta (como la Plaza del Dos de Mayo o Libertad), moderada (como la Plaza de la Cebada o Noviciado) o baja (como Embajadores o parte de Conde Duque).

Por si esto fuera poco, y se puede leer en la normativa, se reserva un párrafo para la música y demás actuaciones en directo en las calles del centro de la capital, que como dicen en el enlace original resulta escueto y poco esclarecedor. La normativa especifica que los conciertos en las calles de Madrid quedarán prohibidos salvo autorización expresa, sin dar detalles de cómo ni a quién se deberán solicitar dichos permisos.

Esta normativa se suma a la negativa anunciada por la alcaldesa de Madrid de no volver a alquilar recintos municipales para eventos festivos, sin saber especificar a que tipo de eventos se refería. En definitiva, legislar a golpe de errores propios y de una serie de despropósitos lamentables que están a saliendo a la luz en los últimos días y que de momento ya ha costado la vida a cuatro personas: alquilar un recinto municipal que carece de licencia a una empresa, DiverTT, que además de pertenecer a un amiguete del vice-alcalde de la ciudad, no cumplía las condiciones para dicho arrendamiento, ya que tenía múltiples deudas con Hacienda y la Seguridad Social. La empresa organizadora, además, no solo duplicó el aforo permitido, sino que además subcontrató para la seguridad a la empresa Kontrol 34, que según se ha publicado hoy, contrató personal no cualificado, no lo dio de alta en la Seguridad Social, y cuyo responsable es un famoso skin-head fichado por la policía.

Un paso más hacia una sociedad dictatorial creada por el Partido Popular a golpe de mayoría absoluta donde es más fácil prohibir a los demás que asumir errores propios, y que únicamente va conseguir el cierre de cientos de locales y que miles de personas más engrosen las filas del paro en la capital.